Valencia, 10 de febrero de 2017.-
Condenas de hasta 13 años para los cabecillas de la trama y de hasta 9 años para la ex-Consellera del PP, Milagrosa Martínez. También dos absoluciones. Es el balance del fallo que ha emitido hoy la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV). En resumen, penas de entre 3 y 13 años
de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos entre
la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje del
expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur)
en las ediciones de 2005 a 2009.
Se trata de la única pieza separada del juicio por la Gürtel que se juzga en la Comunidad Valenciana. El resto, otras cinco pieza, se juzgan en Madrid.
El
Alto Tribunal Valenciano condena a la exconsellera de Turismo,
Milagrosa Martínez, a los considerados “cabecillas” de la trama Gürtel,
Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios
exaltos cargos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las
empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa,
tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad
documental y cohecho. Delitos que podemos etiquetar con el sello de "corrupción".
La
Sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan
Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la
Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que
estaban acusados.
El
grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex
profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el
cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.
Las
mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para
ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con
terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al
lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o
facturando gastos inexistentes.
Tales
importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia
Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio
y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo
no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios
de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las
empresas del Grupo Correa.
Estas
mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha
sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada:
conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos,
contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.
La sentencia, notificada hoy a las partes, recoge las siguientes penas para los condenados:
FRANCISCO CORREA: 13 años de prisión
Asociación ilícita
3 años de prisión
13.500 euros de multa
9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.
Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)
1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros
Malversación de caudales públicos (delito continuado)
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
Cohecho activo
3 años de prisión
Multa de 5.000 euros
8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.
PABLO CRESPO SABARIS: 13 años y 3 meses
Asociación ilícita
2 años y 6 meses de cárcel
Multa de 11.250 euros
7 años y seis meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.
Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)
1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros
Malversación de caudales públicos (delito continuado)
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
Falsedad documental
1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros
Cohecho activo
2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7
años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
ÁLVARO PÉREZ ALONSO: 12 años y 3 meses de cárcel
Asociación ilícita.
18 meses de prisión.
Multa de 11.250 euros
Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)
1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros
Malversación de caudales públicos (delito continuado)
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
Falsedad documental
1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros
Cohecho activo
2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7
años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
ISABEL JORDÁN 6 años de prisión
Asociación ilícita
18 meses de prisión
Multa de 11.250 euros
Prevaricación administrativa
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Tráfico de influencias
ABSUELTA
Malversación de caudales públicos (delito continuado)
3 años de prisión
7 años de inhabilitación absoluta
Falsedad documental
1 año y 6 meses de prisión
Multa de 6.000 euros
CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ 4 años y cuatro meses de cárcel
Asociación ilícita
16 meses de prisión
5.850 euros de multa.
Prevaricación administrativa
5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Tráfico de influencias
ABSUELTO
Malversación de caudales públicos
1 año y 6 meses de prisión
3 años de inhabilitación absoluta
Falsedad documental
1 año y 6 meses de prisión
Multa de 3.600 euros
MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ 3 años de prisión
Asociación ilícita
12 meses de prisión
1.800 euros de multa
Prevaricación administrativa
5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Tráfico de influencias
ABSUELTA
Malversación de caudales públicos
2 años de prisión
5 años de inhabilitación absoluta
MILAGROSA MARTÍNEZ 9 años de prisión
Prevaricación administrativa
9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Malversación de caudales públicos
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
Cohecho pasivo
3 años de prisión
5.000 euros de multa
8
años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
RAFAEL BETORET 6 años de prisión
Prevaricación administrativa
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Malversación de caudales públicos y falsedad documental
6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
ISAAC VIDAL 7 años de prisión
Prevaricación administrativa
5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Malversación de caudales públicos
4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
falsedad documental
3 años de prisión
2.700 euros de multa
2
años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
JORGE GUARRO 4 años de prisión
Prevaricación administrativa
5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Malversación de caudales públicos
4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta
ANA GRAU 3 años de prisión
Prevaricación administrativa
4 años, tres meses y un día de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa
Falsedad documental
3 años de prisión
900 euros de multa
2
años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos relacionados con actividades propias de la contratación
administrativa.
Malversación de caudales públicos
ABSUELTA
ANGÉLICA SUCH
Prevaricación administrativa
ABSUELTA
JUAN BOVER
Prevaricación administrativa
ABSUELTO
La
Sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez,
Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez,
Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a
la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.
La
sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles
Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid
Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los
condenados anteriormente citados no abonan la parte que les
corresponde.
La
Sala de lo Civil y Penal prohíbe contratar con el sector público a
Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel
Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac
Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la
sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.
El
Tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad
Orange Market S.L., por importe de casi dos millones de euros 1.938.000 y
el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada
la exconsellera de Turismo condenada.
Horas después de conocerse la sentencia, la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV) convocaba, a petición de la Fiscalía, la
comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para decidir sobre la situación personal de los 11 condenados y señalaba esta comparecencia para el martes 14 y el miércoles 15 de este mismo mes. En dicha vista las partes podrán solicitar el
ingreso en prisión de los condenados aunque la sentencia, que puede ser
recurrida ante el Tribunal Supremo, no sea firme.
En
dicha comparecencia, las partes podrán también solicitar la libertad
provisional de los condenados con imposición de fianzas o la adopción de
otras medidas cautelares.
En
concreto, el Alto Tribunal Valenciano ha citado a los integrantes del
grupo Correa condenados, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo,
Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero para que comparezcan
el próximo martes, 14 de febrero, a partir de las 9.30.
El
miércoles, día 15, deberán comparecer la exconsellera de Turismo,
Milagrosa Martínez, el que fuera su jefe de gabinete, Rafael Betoret y
los funcionarios de la Conselleria Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana María
Grau.
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